HACIA EL FIN DEL IMPERIO BRITÁNICO (primera parte)

Gran Bretaña se acerca rápidamente al final de su existencia como imperio. En el día de hoy 4.480 soldados fueron despedidos del Ejército Británico. No son los últimos en recibir su telegrama de despido. Queda una cuarta ronda de soldados prescindibles. El 84% de los que dejan el ejército en esta tanda de despidos se va voluntariamente. Son demasiados los voluntarios para irse si tenemos en cuenta que se trata de un ejército profesional. Algo falla, al menos desde la perspectiva británica.

Después de la ronda restante, el Ejército Británico quedará conformado por 82.000 efectivos. Serán suficientes para el mantenimiento de Gran Bretaña como estado soberano, serán insuficientes para mantener un imperio. Muchas tareas que cumple el British Army deberán ser asumidas por el Ejército Territorial, es decir por la reserva. Ésta ya está encontrando dificultades. Los empresarios se muestran reacios a contratar personal que pueda ser convocado para el servicio en cualquier momento.

Si bien el próximo será el último recorte de efectivos, los recortes presupuestarios del sector de la defensa británica no terminaron. Se pidió al Ministerio de Defensa (MoD) que haga nuevos ahorros. El Ministro de Defensa, Philip Hammond, dijo que los mismos no implicarán recortes de capacidades. Parte del ahorro vendrá a través del control de las ganancias de algunas empresas que proveen equipos a las tres fuerzas armadas británicas. Se trata de las empresas que entregan material mediante adjudicaciones directas.

Para lograr ese control se pretende crear una oficina de regulación para las adquisiciones de material de procedencia única (Single Source Regulations Office o SSRO), que sería financiada tanto por el gobierno como por la industria. De todos modos para crear ese organismo se necesita de una ley, es decir, de aprobación parlamentaria. Eso no deja de ser un obstáculo. No es el único.

Directivos de las empresas que trabajan con contratos de adjudicación directa dicen que los mismos son plenamente transparentes, que el MoD conoce su nivel de ganancias y que están totalmente comprometidas con el gobierno en la aceptación de los acuerdos. A la vez, directivos de esas empresas apuntan a las empresas extranjeras, afirmando que las mismas no están sujetas a las reglas que garantizan la transparencia y quejándose por la falta de un tratamiento equitativo.